La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto «actuaciones previas de investigación de oficio» por la difusión de datos personales de la víctima de la Manada, según ha anunciado este viernes a través de un tuit. La AEPD considera la posibilidad de un «incumplimiento de la normativa» en relación con esta divulgación de datos «en varios foros de Internet», según ha señalado a través de su cuenta de la red social.
La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones previas de investigación de oficio por un posible incumplimiento de la normativa en relación con la difusión de datos personales de la víctima de “La Manada” en varios foros de internet.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha hecho un llamamiento a los medios a través de un comunicado para que no se hagan eco de estos datos distribuidos en algunos sitios de internet al significar una «victimización secundaria» de la mujer afectada y ha anunciado que denunciará cualquier posible vulneración del e deontológico periodístico.
La polémica generada por la reciente sentencia de la Audiencia de Navarra respecto a este caso, incluyendo el voto particular del juez Ricardo Javier González, ha alcanzado en los últimos días al propio Gobierno tras las declaraciones del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que aludió a un «problema singular» de este magistrado.
— Agencia Española de Protección de Datos (@AEPD_es) 4 de mayo de 2018
Esta toma de posición ha motivado una protesta general de las siete asociaciones representativas de jueces y fiscales contra Catalá. Dos centenares de magistrados se han manifestado este viernes por la mañana a las puertas del Ministerio de Justicia para solicitar la dimisión del Ministro y exigir «una justicia eficiente y de calidad».
El portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Catalá ya había «clarificado» su postura. Además, ha recordado que la sentencia no es firme, que las partes han anunciado su intención de recurrirla y que el Gobierno respetaba la resolución judicial y por tanto no tenía «nada más que añadir».