El Gobierno de Pedro Sánchez parece empeñado en secuestrar la convivencia social y a las instituciones españolas en el 45 aniversario de la Constitución.
Aquellos que hicieron posible la Carta Magna durante la Transición, hoy destilan amargura ante la ruptura de la convivencia entre españoles por obra y gracia de nuestro Gobierno. Donde antes había adversarios políticos, ahora hay enemigos a los que no se invita a inaugurar una línea de tren o se les critica por asistir a un funeral por pensar de manera distinta a la fallecida. Todo aquél que no esté de acuerdo con la independencia puede ser tachado de facha o de extrema derecha. Este es el ambiente que ha creado el Gobierno actual, al que desde luego le funciona para conseguir sus fines políticos, pero sectariza a la sociedad levantando muros que luego será difícil derribar.
El secuestro no solo es social sino también institucional. Se colonizan los órganos de poder sin ningún tipo de contención ni disimulo. El Gobierno se vanagloria de ello con la desfachatez más absoluta, utiliza el argumento de la mayoría parlamentaria y obvia los frenos y contrapesos que tienen los sistemas constitucionales.
El hooliganismo ideológico triunfa en unos partidos políticos que han perdido su papel de guardianes de la democracia. Así surgen problemas como el de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace cinco años, pese a las advertencias de Bruselas. Los partidos secuestran esos nombramientos, mientras los presidentes de Congreso y Senado no hacen nada para evitarlo pues no son más que meras correas de transmisión de sus líderes políticos. El mal que causan al funcionamiento de la justicia y en última instancia a los ciudadanos parece importarles bien poco.
«Es vergonzoso que un ministro ataque a una entidad de la sociedad civil que vela por la defensa del Estado de derecho»
El fanatismo partidista ya ha dañado la reputación del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal de Cuentas o de la Agencia de Protección de Datos. Nuestras instituciones se debilitan a ojos de la ciudadanía, que ya no confía en ellas, pero tampoco vemos que esa degradación de la ética política, en la que cada partido coloca a los suyos sin importar su nivel de valía, pase factura en las urnas.
La semana pasada sin ir más lejos, el biministro Bolaños criticaba la decisión del Tribunal Supremo de revocar el nombramiento de la exministra socialista, Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado, porque no reunía las condiciones al no ser una jurista de reconocido prestigio. Pero no se conformó con eso, Bolaños atacó sin piedad a quien presentó la demanda, la Fundación Hay Derecho, una reputada organización sin ánimo de lucro, al afirmar «que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son competencia del Gobierno». Es vergonzoso que un ministro se permita el lujo de atacar a una entidad de la sociedad civil que vela por la defensa del Estado de derecho esté quien esté en el poder.
El problema es que la sociedad española acepte esos comportamientos y la falta de respeto a las reglas del juego, en lugar de castigarlos. Sánchez debería sentirse como Netanyahu cuando sufrió 30 semanas de manifestaciones en la calle para que no se aprobase la ley que limitaba al Supremo israelí. La defensa de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones en España necesita de mayor movilización de la sociedad civil.
Una sociedad que ya patalea ante la guinda del pastel de la desvergüenza partidista, el acuerdo entre PSOE y Junts y la puesta en marcha de la Ley de Amnistía, para como afirman de manera insolente, terminar con el conflicto de Cataluña y mejorar la convivencia. Justo cuando los resultados electorales habían castigado a los partidos independentistas, se compra su relato y se les da el premio gordo de la impunidad a cambio de un puñado de votos para gobernar España. Además, se ataca a la independencia del poder Judicial con el concepto del lawfare, se ríen de los funcionarios que defendieron el Estado de derecho y la reputación nacional y se legisla para beneficiar a determinados partidos y sus amiguetes en lugar de a los ciudadanos. A este paso, se nos dirá que el independentismo ha secuestrado a Sánchez. Entonces entenderemos que el PSOE haya buscado verificadores para negociar el problema de Cataluña. Un secuestro, sí los merece.
