El Gobierno de la Generalitat ha renovado los órganos de gobiernos de entes como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de quien cuelga TV3 o Catalunya Ràdio, o el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) y que tenían su mandato caducado desde hace años. En este nuevo reparto entre ERC y Junts per Catalunya, donde también ha participado el PSC, también han aprovechado para colocar como responsable de la Autoridad Catalana de Protección de Datos a Meritxell Borràs.
Borràs era la ex consellera de Governació en el Gobierno de Carles Puigdemont durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y fue condenada a una pena de desobediencia por el Tribunal Supremo por su papel en los planes rupturistas del Ejecutivo catalán. Según los hechos probados de la sentencia, «Borràs reconoció haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum y ello pese a haber sido advertida de su deber en contrario». Aunque el pasado junio el alto tribunal declaró cumplida su pena de inhabilitación, así como las de los ex consejeros Santi Vila y Carles Mundó -los únicos tres responsables del Govern que no sufrieron penas de cárcel-, la oposición ha criticado que pueda ser apta para el cargo de Protección de Datos.
Durante su etapa como titular de Governació, se avaló el uso de los datos personales de los catalanes para la votación ilegal del 1-O. Fue una actuación en contra de los requerimientos del Tribunal Constitucional al considerar que se estaban «robando» estos datos y algunos catalanes llevaron ante la justicia el uso de sus datos personales para el referéndum secesionista. Aunque la Agencia Española de Protección de Datos frenó las pesquisas por acceso ilegal al censo en Cataluña por no lograr identificar quien fue el responsable último de su uso, las fuentes consultadas consideran que el hecho de que no se haya producido una condena no exime al Govern de mostrar ejemplaridad en sus nombramientos.
Una de las que más ha cuestionado este «cinismo» del Govern con la elección de Borràs para el cargo es la ex diputada de Ciudadanos y profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat Autonóma de Barcelona, Susana Beltrán: «Es grave para la salud democrática, y de extremo cinismo, que Meritxell Borràs, que era miembro del Govern cuando se robaron los datos de los catalanes para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre, sea ahora propuesta para presidir la Autoridad Catalana de Protección de datos. ¿Qué credibilidad va a tener dicho órgano? Aún es hora que alguien del gobierno catalán de entonces de la cara y diga qué hicieron con nuestros datos personales y quién los tiene en estos momentos», explica a instancias de THE OBJECTIVE.
Los correos de Borràs
Durante las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional tras el fracaso del procés, un agente del Instituto Armado analizó la cuenta de correo electrónico de Meritxell Borràs y la identificó como una de las responsables de avalar el uso de estos datos personales. Según se acreditó por los mails enviados y recibidos, la consejera de Governación estaba al tanto de la posibilidad de utilizar el registro de catalanes en el exterior como censo para el referéndum ilegal.
El propio agente declaró en calidad de testigo en el juicio del procés en la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo aseguró que en estos correos «también se solicitaba que en el decreto de convocatoria del referéndum se utilizase como base censal» el catálogo de residentes. En el interrogatorio realizado por la Abogacía del Estado, el agente apuntó que en los mails también se hablaba de «dar publicidad» al registro de catalanes en el exterior «para que se apuntase más gente» y se planteaba «implicar al departamento de Exteriores».
El Tribunal Supremo condenó finalmente a Meritxell Borràs solo por desobediencia (y no por malversación como también pedía Fiscalía). La pena fue de un año y ocho meses de inhabilitación especial y a 10 meses de multa, a razón de 200 euros diarios. La principal fuente de prueba para «acreditar la contumaz desatención» de Borràs, Vila y Mundó «a los mandatos del Tribunal Constitucional» fue a través de «fuentes de acceso público, principalmente el diario del Parlament y los boletines oficiales del Estado y la Generalitat», dicta la sentencia. En este sentido, otros aspectos cómo a quién recayó la responsabilidad última del uso del censo no se pudieron probar en sede judicial.
Cuota de JxCat
La Agencia Catalana de Protección de Datos es un ente de derecho público y un organismo oficial de la Generalitat de Cataluña que responde directamente ante el Parlamento catalán. La finalidad de la agencia es velar por el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal y controlar la aplicación, derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición así como ejercer la potestad sancionadora e inmovilizar los datos que atenten contra los Derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española. Fue creada el 2002 y es teóricamente independiente de las administraciones y sujeto a la ley 30/1992.
El nombramiento de Borràs al frente de este ente forma parte de la cuota de JxCat en el reparto de cargos negociado con ERC y el PSC. La dirigente nacionalista, tras ser cesada en virtud del 155, no quiso volver a formar parte de las listas del partido en las elecciones del 21 de diciembre de 2017. La ex consejera de Governació ha estado toda la vida vinculada al proyecto político de Convergència. Su padre fue uno de los fundadores del partido junto con Jordi Pujol. Hasta la refundación en el PDeCAT, Borràs ha encadenado distintas responsabilidades: de concejal en Hospitalet de Llobregat a consejera, pasando por diputada en el Parlament así como en la Diputación de Barcelona.