El Tribunal Supremo ha acordado anular el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de febrero por el que se comunicó al Congreso de los Diputados los nombres de los candidatos a la Presidencia y Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Los magistrados han considerado que el procedimiento por el que PP y PSOE acordaron los nombramientos está viciado de raíz al apartarse de la normativa vigente.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así lo acordó la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tras deliberar el martes sobre el recurso presentado por uno de los aspirantes a ser presidente de la Agencia de Protección de Datos. Las fuentes consultadas indican que la resolución se comunicará esta semana.
El pasado 21 de marzo, el tribunal suspendió de forma cautelar el proceso de nombramientos al estimar la petición de uno de los candidatos. En aquel momento, la Sala estimó que era «preciso» suspender «un acto viciado de raíz».
Ahora, el Supremo ha evaluado el fondo del asunto y ha considerado pertinente anular el acuerdo del Consejo de Ministros. Los magistrados se han pronunciado a petición de uno de los aspirantes que consideró vulnerado su derecho fundamental al acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad ante el hecho notorio de que el nombramiento estaba decidido antes de convocarse el proceso selectivo.
Acuerdo entre partidos
En concreto, el 14 de octubre de 2021 la Secretaría de Estado de Comunicación y el Partido Popular emitieron un comunicado conjunto anunciando que el Gobierno y dicho partido habían llegado a un acuerdo para renovar ciertos órganos constitucionales y, además, la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia de Protección de Datos.
El 21 de octubre se hicieron públicos los nombres pactados para los distintos órganos constitucionales y se supo que los candidatos para la Presidencia y la Adjuntía de la AEPD eran, respectivamente, Belén Cardona Rubert y Francisco de Borja Adsuara Varela.
No fue hasta el 17 de noviembre que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria del proceso selectivo para cubrir dichos cargos. Concluido ese proceso, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo impugnado en el que comunicó al Congreso de los Diputados las dos ternas ya referidas.
